De la despenalización al acceso

El pasado 29 de septiembre, entre las paredes del auditorio Divino Narciso, y con Sor Juana como madrina simbólica de la causa, se presentaron los resultados de la investigación De la despenalización al acceso: contraloría social para el diagnóstico del aborto legal en ocho estados de México. Un estudio que, en palabras del ILSB, surge de la necesidad de responder a una pregunta urgente: ¿qué ocurre después de que un congreso aprueba una reforma para despenalizar el aborto en un código penal estatal?

     Mientras el activismo suele enfocar la mirada en las entidades donde la interrupción voluntaria del embarazo aún está penalizada, este foro nos recuerda que la despenalización no lo es todo. Incluso tras el cambio legal, el acceso efectivo al aborto continúa siendo un desafío. Para una persona gestante, acceder a un servicio de interrupción legal del embarazo (ILE) implica atravesar una auténtica pista de obstáculos.

     Por un lado, enfrenta los problemas crónicos del sistema de salud mexicano: desabasto de medicamentos e insumos, falta de personal capacitado y condiciones laborales precarias. A ello se suma el estigma y los prejuicios, que se traducen en formas sutiles de negación del servicio: uso limitado de anestesia, omisión de información clave, administración de dosis inadecuadas, falta de sensibilidad del personal, o la ausencia de materiales informativos en idiomas distintos al español. La lista es larga.

      Sin embargo, no se trata de un callejón sin salida. La presencia de representantes de los Centros de Justicia de la Secretaría de las Mujeres, así como de la división de atención ginecobstétrica y perinatal del IMSS (Régimen Ordinario), fue una señal clara de que existe voluntad política para romper las barreras en el camino hacia el aborto  accesible y aceptable.

     Queda claro que los cambios legislativos y los esfuerzos institucionales, por sí solos, no bastan. La garantía de los derechos sexuales y reproductivos es un proceso sistémico y multifactorial. En ese marco, cabe preguntarse: ¿cuál es el papel de estudiantes, artistas, escritores y de la ciudadanía en general en la construcción de un puente entre lo normativo y lo práctico?

      El diseño de redes territoriales —a través de instituciones como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, activistas, parteras, enfermeras, y servidores públicos comprometidos— es crucial. Pero también lo es el trabajo simbólico y cultural que se realiza día a día: la forma en que hablamos del aborto, lo representamos y lo entendemos colectivamente.

      La lucha por los derechos no puede quedarse en los espacios especializados. Todxs somos actores clave en el camino hacia el acceso pleno a un aborto libre, seguro y digno.